17 abril, 2021

Juez perdona a exfuncionario de Sedatu involucrado en La Estafa Maestra

Foto: Reuters

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Un juez federal decidió no vincular a proceso al exdirector de presupuesto de Sedatu, Francisco Báez Álvarez, pese a que autorizó la entrega de 185 millones de pesos a una Universidad

 

Ciudad de México.- Un juez federal decidió no vincular a proceso al exdirector de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Francisco Báez Álvarez, por lo que no irá a juicio a pesar de que autorizó la entrega de 185 millones de pesos a una universidad pública a través del esquema de desvío de recursos que se utilizó en La Estafa Maestra.

Báez Álvarez era el funcionario encargado de liberar los recursos públicos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia, sin embargo, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, estos servicios no se hicieron.

El juez federal Fernando Payá Ayala desestimó las exposiciones de los cuatro agentes del Ministerio Público respecto a la responsabilidad directa de Báez sobre los recursos durante la audiencia pública que se celebró en el juzgado del Reclusorio Norte.

La Fiscalía General de la República apuntó que Francisco Báez estaba obligado a revisar y supervisar todo el trámite de pago, pero esto no se hizo y se autorizó indebidamente.

La Universidad presentó nueve facturas por un monto de 185 millones de pesos, sin embargo, en esas facturas no estaba el IVA desglosado y los comprobantes fiscales correspondían a otros convenios distintos al que se estaba pagando.

Ante estas irregularidades, la Fiscalía solicitó al juez que se vinculara a proceso al exfuncionario para que respondiera por la presunta autorización indebida de 185 millones de pesos y el probable delito de ejercicio indebido del servicio público.

Pese a todo esto, el juez Payá Ayala determinó que no había elementos probatorios suficientes para vincular a proceso al exfuncionario tras una exposición de argumentos de poco menos de 10 minutos.

El juez argumentó que las responsabilidades por las irregularidades en las facturas y en la realización de los servicios eran imputables a la universidad y no al funcionario.

 

Por Braulio Luna