5 diciembre, 2021

La Política de la Corte

 

Eduardo Medina Mora renunció el pasado 3 de octubre a su encargo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – para el que fue seleccionado, en marzo de 2015, con poco más de 80 votos a favor en el Senado de la República. Su dimisión del cargo fue sorprendente no sólo porque desde 1994 no había habido un Ministro que dejara el cargo, sino por las especulaciones que hay alrededor de su renuncia. En una carta dirigida al Presidente de la República, Medina Mora indica que se retira por una “causa grave”, como lo señala el párrafo tercero del artículo 98 constitucional, pero no menciona cuál es.

En días posteriores a la renuncia del Ministro, el Presidente declaró que él suponía que había dimitido por una investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República; pero, ¿por qué se le investiga a Medina Mora? Pues, tal parece, que el ex Ministro del Máximo Tribunal de Justicia, en México, está implicado en la triangulación internacional de 102 millones de pesos mientras fue funcionario público en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

La desarticulada oposición se alarmó por la renuncia del Ministro, ya que ponía en riesgo la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJ), de la SCJN, era una ‘obvia’ señal de intervención del Presidente y se estaba eliminando la función del PJ como contrapeso al Poder Ejecutivo Federal. Lo que no les alertó e indignó fue que Eduardo Medina Mora estuviera acusado de lavado de dinero; que en su desempeño como Ministro buscó limitar las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda- a través de sentencias- para proteger a empresarios y políticos que se beneficiaron de la corrupción y el derroche de recursos públicos durante el sexenio de Peña Nieto.

No hubo influencia del Poder Ejecutivo en la SCJN ya que, como señaló el titular de la UIF, las cuentas de Eduardo Medina Mora se bloquearon después de su renuncia; a diferencia de lo que indicó un periódico de circulación nacional, en el que, supuestamente, se señalaba que al Ministro y a sus familiares se le habían congelado las cuentas, como presión, para que renunciara y que se habían liberado después de que dejo el cargo.

La verdadera injerencia que ha habido, recientemente, en la SCJN, por parte del Presidente, fue en marzo de 2015 cuando el Senado – con mayoría del PRI y el PAN- eligió a Eduardo Medina Mora para ser Ministro. Con su nombramiento, el PRI no sólo buscaba garantizar la impunidad para Peña Nieto y la mafia política-empresarial que se benefició durante su sexenio,  sino que también les tendió la mano a los panistas implicados en casos de corrupción y/o violaciones a los derechos humanos.

A la oposición no le consterno ni indignó, como ahora, que el Ministro Eduardo Medina Mora fuera la cuota, del crimen organizado, para ayudar a los cuates desde la SCJN. 

En un país donde impera el Estado de Derecho, hombres como Medina Mora no piensan siquiera en la posibilidad de ser Ministros de la Corte, que es el máximo reconocimiento a una carrera y trayectoria judicial, cuando menos, impecable y honorable. Apenas aspirarían a estar libres, si es que después de haber sido juzgados por los ilícitos, que se presume cometieron, se les hubiera declarado inocentes.

Lo preocupante es la normalidad y facilidad con la que en los últimos 18 años, hombres y mujeres han ocupado cargos en materias tan importantes y sensibles para la vida cotidiana de la sociedad, en las que el Estado mexicano no sólo queda a deber, sino que ha vulnerado los derechos de su propia población. En su desempeño, estos hombres, sobre todo, y mujeres han distado de ser o tener los mejores perfiles para el cargo y no han estado a la altura de sus responsabilidades.

 

Pero entonces ¿cuál es la característica o cualidad particular con la que cumplen los personajes, como Eduardo Medina Mora, para permanecer por tanto tiempo en el sistema?

Su atributo principal es ser soldados leales de los grupos político-económicos a los que pertenecen y/o representan.

Eduardo Medina Mora fue un Ministro que nunca debió ser. De acuerdo al artículo 95 de la Constitución y sus seis fracciones, el ex Ministro sólo cumplía con 4; ser mexicano, tener más de 35 años, ser licenciado en Derecho por más de 10 años y no haberse desempeñado, en el año anterior, como representante en el Poder Legislativo, Secretario de Estado o titular del Poder Ejecutivo, tanto federal o local.

Pero en lo que respecta a “gozar de buena reputación” queda a cada quien juzgar después de su paso, en el sexenio de Fox, por el CISEN donde, se dice, participó en los videoescándalos para desaforar, en su momento, al actual Presidente y; su desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública cuando se llevó a cabo la represión a los pobladores de San Salvador Atenco por oponerse a la construcción del aeropuerto y, en octubre de 2006, a la APPO en Oaxaca.

Que no se nos olvide que en el caso Atenco, los policías federales utilizando toda la brutalidad de la fuerza pública reprimieron a los habitantes, encarcelaron inocentes y; deliberadamente, usaron la violencia sexual contra las mujeres que se oponían, en conjunto, con sus comunidades a la construcción del aeropuerto.

Medina Mora fue, durante el sexenio de Calderón, Procurador General de la República y embajador de México en Gran Bretaña (2009-2013). Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, el expresidente lo premió al nombrarlo embajador de México en Estados Unidos de América (2013-2015) y, luego, Ministro de la SCJN. Cabe destacar que Peña Nieto era gobernador cuando ocurrió la represión en Atenco.

Por lo anterior, cuando se le propuso en la terna para ocupar un asiento en la SCJN uno de los argumentos en contra era que no contaba con el requisito, básico y superfluo, de haber vivido en México “los dos años anteriores al día de la designación” y, bueno, en lo que respecta a la buena reputación queda claro que sólo volviendo a nacer.

A pesar de que la renuncia del ex Ministro es de relevancia nacional y se habrá de seguir la designación de la futura Ministr(a/o) – para que sea una persona ética, honesta, con una trayectoria judicial destacable y que garantice la independencia de la SCJN – no se debe de perder el foco en el que es el problema, de fondo, en el caso de Eduardo Medina Mora.

Actualmente, las y los Ministros de la SCJN son propuestos, en una terna, por el Presidente, deben comparecer en el Senado y son elegidos con la votación – de las 2/3 partes- de los senadores; en caso de que la Cámara Alta rechace la terna, el presidente debe hacer una nueva propuesta. Sin embargo, en caso de que el Senado vuelva a refutarlos o supere los treinta días para escoger Ministro, es facultad del Presidente nombrar al perfil que considere óptimo para el cargo. Asimismo, a diferencia de otros países, el cargo no es vitalicio y están en funciones por 15 años.

Una de las cuestiones que mayor preocupación causa es que, actualmente, el Presidente cuenta con mayoría en el Poder Legislativo, fenómeno que no ocurría desde el 2000; se presupone que los senadores y diputados no son autónomos y van a seguir órdenes de su jefe – el Presidente- y no de los ciudadanos que los votaron.  De ser cierto lo anterior, el Poder Ejecutivo Federal tendría un poder absoluto para legislar a su conveniencia, operar sin restricciones y quedar impune, porque el PJ estaría de su lado.

Sin embargo, ese argumento no es del todo válido.

Sí, nadie va a negar que MORENA tiene mayoría en ambas Cámaras, pero durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto – tanto el PRI como el PAN lograron formar mayorías calificadas – entre ellos y con los partidos políticos con los que han ido en alianza – no ha pasado mucho del “Pacto por México” y; si analizamos los perfiles y votaciones de las y los Ministros que han pasado por la SCJN, desde 1994, muchos no cuentan con los requisitos y, sí, responden a intereses políticos, porque es inherente al cargo.

Negar la política que hay en el proceso de designación y selección de los Ministros de la SCJN, no la elimina. Por ello debe de haber corresponsabilidad entre ciudadanos y representantes, ya que ellos deben velar por los intereses de la ciudadanía que voto por ellos y no por los de otros grupos; también, es nuestro deber, como ciudadanos, exigirles que nos rindan cuentas sobre su trabajo y por qué votan en cierto sentido.

Una forma a través de la cual se podría mejorar el nombramiento de las y los Ministros podría ser adicionando fracciones al artículo 95 constitucional, para garantizar que llegue alguien con una trayectoria impecable. Asimismo, se podría adicionar que es necesaria la mayoría calificada en ambas Cámaras del Poder Legislativo o; que la ciudadanía participe de alguna manera en el nombramiento. También, se podría definir mejor que es “gozar de buena reputación”. De igual forma, se podrían acotar las funciones del Presidente después de que presenta la terna al Senado.

Las y los mexicanos debemos encontrar un sistema que asegure la independencia del PJ y; que no logren infiltrarse personajes, que lejos están de la justicia, en la máxima instancia judicial del país. No se trata de importar modelos “exitosos” de países desarrollados – como proponen algunos- ya que no se trata de una receta y hay que hacer un análisis detallado de cómo y por qué funcionan, en sus respectivos contextos políticos y sociales.

 

 

Carla Covarrubias Vallin / Twitter: @car_vallin

 

Este es un texto de opinión y no representa la postura del medio, sino la del autor