20 enero, 2022

¿Qué sigue?

Hay un antes y después, en México, tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebró este 8 de marzo de 2020.  Se llevó a cabo la habitual marcha pero esta vez superó los 80,000 asistentes y; el paro nacional de mujeres que se realizó, al día siguiente, para protestar contra las violencias machistas que vivimos las mujeres y la indiferencia que muestran las autoridades mexicanas, de los tres órdenes de gobierno, para sancionarla, atenderla y prevenirla.

A diferencia de otros ochos de marzo, la marcha para denunciar y protestar contra las violencias machistas que vivimos las mexicanas no hizo distinción de clase, género, etnicidad, edad, escolaridad, religión, ideología política, discapacidad, entre otras. Marchaban juntas las mujeres que asistían por primera vez, al lado de las feministas que llevan casi toda su vida asistiendo. Prevaleció la sororidad y la unión frente a las adversidades que vivimos y experiencias que compartimos como mujeres, antes que las diferencias político-ideológicas que pudiéramos tener.

También, sobre el paro nacional de mujeres hay mucho que analizar y debatir todavía pero de lo que no queda duda alguna es de su éxito, no sólo superó las expectativas y pronósticos que se habían hecho en cuanto a las afectaciones que habría en los diferentes sectores económicos sino que trastocó la cotidianidad de la vida privada y pública de las y los mexicanos.

De acuerdo a datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, 7 de cada 10 mexicanas participaron en el Paro Nacional de Mujeres y se estimaba que las afectaciones económicas serían por 26,000 millones de pesos, pero las pérdidas reales fueron un 15% más de las esperadas por lo que el impacto fue de 30,000 millones de pesos. No está de más señalar que estas pérdidas no incluyen el valor del trabajo no remunerado en el hogar y de cuidados que las mujeres no aportaron ese día a la economía nacional y de sus hogares, de agregarse, las pérdidas serían mayores.

Cabe destacar que la Ciudad de México fue la entidad más afectada del país ya que las mujeres, en la CDMX, representan el 51% de la población, el 45% de la fuerza laboral y el 48.3% de las mujeres que trabajan están ocupadas en el comercio y servicios. Mucho se habló en los medios de comunicación sobre lo vacías que lucían las calles y ciudades del país sin mujeres y es que tan sólo en lo que a movilidad concierne, únicamente, en la Ciudad de México el metro reportó una disminución del 40% en el número de pasajeros y el Metrobús tuvo una baja de al menos el 20% de los usuarios.

Otro ámbito severamente afectado por el paro, de acuerdo al portal Animal Político, fue el educativo ya que el 67.5% de los docentes, en México, son mujeres. Hubo afectaciones en la operación de más de 200 mil escuelas de nivel básico y por lo menos 21 mil cerraron completamente.

Los impactos de #UnDíaSinMujeres confirmaron y expusieron que no hay “mano negra” detrás de los movimientos feministas y que la manipulación no es el motor de las luchas contra la violencia de género, sino el hartazgo de las mexicanas ante la ineficacia gubernamental para cerrar las brechas de género, salvaguardar la vida de las mujeres y garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Hay una urgencia nacional para que se haga justicia por aquellas que ya no están y por las que han decidido romper el círculo de la violencia y; la necesidad de terminar con las omisiones y complicidades que permiten la existencia y continuidad del pacto patriarcal.

 No se debe perder la oportunidad histórica que tienen los movimientos feministas y las mujeres en nuestro país para incidir en materia de política pública y hacer un cambio cultural en favor de las mujeres y la igualdad de género, después del éxito que tuvieron las actividades realizadas el 8 y 9 de Marzo para denunciar las violencias machistas y sensibilizar a la población. Sin duda hay que encauzar la acción colectiva, pero la gran interrogante es ¿qué sigue después de #UnDíaSinMujeres?

 Para cerrar las brechas de género y desterrar la violencia contra las mujeres, de todos los ámbitos, es necesaria la participación de todas y todos los integrantes de la sociedad. Por sí solas las autoridades no pueden terminar con las desigualdades y violencia de género, ya que tienen una restricción presupuestal y en su capacidad de acción. Cabe señalar que como ciudadanas y ciudadanos somos corresponsables en la eliminación de conductas y acciones basadas en la discriminación y que buscan generar un daño hacia las mujeres, sin embargo la responsabilidad principal recae en el gobierno mexicano.

Una de las muchas conclusiones que se pueden extraer, sobre lo ocurrido el 8 y 9 de marzo, es el interés de los grupos feministas, colectivas y mujeres en participar para encontrar verdaderas soluciones a los problemas que enfrentan diariamente para decidir sobre su cuerpo, en sus hogares, en el transporte público, la escuela, el trabajo, al participar políticamente, en su tiempo recreativo, entre otros. Las mujeres están dispuestas a entablar un dialogo con las autoridades de los tres órdenes de gobiernos y de los distintos poderes, queda en los representantes populares y funcionarios públicos estar abiertos a las críticas de sus políticas y fallas de gobierno, así como tener la capacidad para llegar a acuerdos que incidan en beneficio y de manera efectiva sobre la vida de las mujeres.

Dada su capacidad regulatoria, el Estado mexicano podría establecer incentivos y sanciones a aquellas empresas que discriminan en razón de género, que pagan menor salario a las mujeres por el mismo trabajo que realizan los varones, cuyos espacios de trabajo son inseguros para las obreras y/o empleadas y para todas aquellas empresas que ofrecen trabajos precarios y sin seguridad social a las mujeres, aprovechándose de la necesidad económica y situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran ciertos grupos.

El Estado mexicano debe hacer valer sus facultades regulatorias cuando los medios de comunicación dan un tratamiento indebido a la información que concierne a los casos de violencia de género, en específico los feminicidios, para no revictimizar, obstaculizar o interferir en el debido proceso y no reproducir estereotipos que perpetúan la lógica desigual del género.

Asimismo, el Estado debe hacer modificaciones en sus burocracias y estructuras; un paso importante para iniciar el cambio sería transversalizar la perspectiva de género, en forma y sobretodo fondo, para que las acciones públicas gubernamentales no discriminen, violenten y obstaculicen a las mujeres al ejercer sus derechos. Evaluar las capacitaciones en materia de igualdad de género que se han dado a los funcionarios públicos es también indispensable, sobre todo en las áreas de procuración e impartición de justicia, para que no haya tolerancia, desde el gobierno, a la violencia de género.

Hay muchos espacios pendientes por cambiar y trabajo que hacer para lograr la paridad entre hombres y mujeres, así como la igualdad en la representación de sus intereses. El interés de colaborar en conjunto con el gobierno – para mejorar las condiciones bajo las que vivimos- está presente de nuestro lado, sin embargo están pendientes la voluntad política y la priorización de ciertas acciones de gobierno para acabar con la desigualdad y violencia a las nos enfrentamos todos los días por el hecho de ser mujeres.

 

 

 Carla Covarrubias Vallin / Twitter: @car_vallin

 

 

“Este es un espacio de opinión y no representa la postura del medio, sino la del autor”