19 enero, 2022

¿Ruptura o Continuidad?

 

Dentro de los sucesos y decisiones que han marcado el rumbo del Estado mexicano, en lo que va del siglo XXI, está el combate frontal al crimen organizado. Días posteriores a que Felipe Calderón tomara posesión como presidente, en diciembre de 2006, en un contexto de alta polarización social – por el supuesto fraude electoral que le dio la victoria para la presidencia con el 0.6% de la votación- anunció que su gobierno atacaría, de manera directa, al narcotráfico.

A más de 12 años de haberse iniciado la política de “guerra” contra el narcotráfico, los resultados lejos están de ser significativos y exitosos, mucho menos los que esperaba el entonces gobierno calderonista.  

El combate frontal al crimen organizado ha ocasionado una crisis en materia de seguridad, altos índices de violencias, rompimiento del tejido social, desplazamientos forzados, ingobernabilidad en zonas significativas del territorio mexicano, asesinatos de periodistas, fosas clandestinas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y miles de casos impunes. A pesar de que no ha habido una guerra reciente, México tiene cifras similares – desde que se inició el combate al narcotráfico – a las de países que tienen conflictos armados como Afganistán, Siria y Yemen.

La política antidrogas diseñada e implementada en el sexenio de Calderón no se distanció y menos rompió con el paradigma internacional preponderante. Este enfoque es de corte prohibicionista y entiende el problema de las drogas desde la perspectiva de la seguridad pública y no de la salud. En lugar de que se privilegien campañas de prevención y tratamiento de adicciones, las acciones se centran en atacar la oferta a través del combate a la producción, tráfico y venta de sustancias psicoactivas.

Cabe resaltar que para el Estado mexicano el narcotráfico y las actividades vinculadas a este no eran consideradas un problema público y no eran una prioridad de atención en la agenda pública de los gobiernos del PRI, durante la mayor parte del siglo XX, a pesar de que sus operaciones en el territorio nacional eran de conocimiento público y emprendían acciones violentas, no con la brutalidad de las que se presencian hoy, pero los cárteles mexicanos nunca se han caracterizado por ser pacíficos.

La vinculación entre la seguridad nacional y el combate a las actividades del narcotráfico comenzó en el sexenio de Miguel de la Madrid. El primer presidente neoliberal de México coincidió en su mandato con el gobierno norteamericano ultraconservador de Ronald Reagan; la consolidación de la política de securitización en el combate a las drogas y las primeras intervenciones en América Latina, para detener la entrada de sustancias psicoactivas a EUA, fueron impulsadas por Reagan. Los presidentes norteamericanos que le sucedieron continuaron con esta política y poco cuestionaron los enfoques y argumentos que la sustentaban.

Si los EUA verdaderamente quisieran acabar con el consumo de sustancias psicoactivas en su población y terminar con las operaciones del narcotráfico, el principal eje de su política antidrogas sería interno.

Uno de los mercados más importantes para los cárteles de la droga es el norteamericano debido al gran número de consumidores que hay y a que su poder adquisitivo es mayor; asimismo, las drogas no entran, se distribuyen y venden solas en EUA, allá también hay organizaciones criminales y funcionarios de las corporaciones de seguridad – como la DEA, el ICE, el FBI y policías locales- están coludidas con los cárteles, tanto mexicanos como norteamericanos.

La política de securitización para el combate de las sustancias psicoactivas impuesta, por EUA, e implementada desde los años ochenta en Perú, Bolivia y Colombia fracasó. La actual fuerza y presencia que tienen los cárteles mexicanos, así como la violencia que se vive en el territorio nacional, es consecuencia de los malos resultados de esta política en Sudamérica; en suma, a una serie de decisiones irresponsables en la estrategia nacional de combate al crimen organizado – si es que alguna vez hubo claridad y lógica en las acciones que el gobierno federal implemento de 2006 a 2018.

 

Las operaciones antidrogas llevadas a cabo en Bolivia, Perú y Colombia -como la sustitución de cosechas, fumigación de cultivos, las capturas y ejecuciones de los principales líderes de los cárteles- trasladaron la producción y tráfico a México, cuyo rol fue adquiriendo mayor protagonismo y pasó también a cubrir la demanda del mercado norteamericano, que los cárteles colombianos ya no lograban cumplir.

No se puede negar que en México hubo dos factores internos, vitales,  que cambiaron la dinámica del narcotráfico. El primero, como han señalado numerosos académicos y analistas, el fin del PRI, como partido hegemónico gobernante, trajo consigo inestabilidad a los nuevos gobiernos, ya fueran presidencias municipales, gubernaturas y la Presidencia de la República. Los acuerdos o pactos informales, deliberados o ‘por omisión’, establecidos entre políticos y cárteles del narcotráfico habían llegado a su fin;  las distintas organizaciones criminales tendrían que hacer propuestas y concretar alianzas con los nuevos gobiernos para asegurar su permanencia, de no hacerlo perecerían. Por otra parte, México no era mas un país de tráfico, como en los años ochenta, sino que había ya un mercado significativo de consumidores de sustancias psicoactivas.

Cuando el expresidente Calderón declaró la política de combate frontal al crimen organizado, principalmente al narcotráfico, para garantizar que las familias mexicanas vivieran seguras  y en un clima de paz, nadie vislumbraba la espiral de violencia que se generaría, y que permanece hoy en día.

Al revisar la política antidrogas del gobierno federal, de 2006-2018, en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial de seguridad y los planes de las diferentes organizaciones encargadas de la seguridad en México se observa la ausencia de lógica, asignación de responsabilidades y coordinación en las acciones– tanto entre instituciones como de éstas con los gobiernos locales y municipales- para el combate al crimen organizado.

La política para terminar con la delincuencia organizada destacó por la falta de una perspectiva preventiva, tanto en materia de seguridad como de salud pública.

Como se ha venido apuntando, México era ya un país con consumidores de sustancias psicoactivas, sin embargo la estrategia implementada en materia de prevención y atención de adicciones tuvo un papel marginal en la “guerra contra el narco”; si por algo destacó la política antidrogas fue por la criminalización de los consumidores.

En materia de seguridad, la política que se instrumentó para combatir al crimen organizado fue reactiva y; en materia de prevención del delito, se llevaron acciones homogéneas y escasas en todo el territorio nacional. También, poco se hizo por abatir las raíces del crimen organizado como son la corrupción, la pobreza, la falta de acceso a la educación, la ausencia del Estado, fuentes de trabajo, crecimiento y desarrollo económico, entre otras.

La estrategia de combate al narcotráfico consistió, principalmente, en decomisos de sustancias psicoactivas y armas, captura y ejecuciones de los principales líderes de las organizaciones criminales y el ataque frontal a los cárteles para eliminar la presencia del crimen organizado. Las operaciones contra el lavado de dinero e incautar las fuentes de ingresos de los cárteles tampoco tuvieron prioridad.

Al igual que en la experiencia colombiana, el ataque frontal a las organizaciones del crimen no ha tenido éxito ya que solo ha llevado a la reconfiguración o aumento de cárteles del narcotráfico en México y; al incremento de la violencia debido a la inestabilidad que se genera – entre los grupos criminales y de éstos con las autoridades- por el cambio constante en los pactos informales existentes. El crimen organizado también ha establecido sus propios grupos armados, para la defensa de sus intereses, que derrotan a las policías locales y cuentan con la capacidad de dar batalla a las Fuerzas Armadas.

La política de combate al crimen organizado fracasó no sólo porque replicó los enfoques y acciones, fallidas, impulsadas por el gobierno norteamericano, en lugar de hacer una investigación y análisis exhaustivo de las operaciones del narcotráfico en México y el papel, fundamental, que tienen los cárteles mexicanos para el funcionamiento del crimen organizado global.

El principal obstáculo para el éxito de la política antidrogas fue la corrupción, que iba desde el policía municipal hasta altos funcionarios públicos de las instituciones de seguridad en México.

 Si algo dejó expuesto el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, en Brooklyn, fueron las complicidades entre funcionarios públicos y el crimen organizado, así como la delgada línea que hay entre la política mexicana y los cárteles del narcotráfico.

El panorama bajo el cual inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no podría ser más complejo y hostil. No se puede de un día para otro regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles, debido a que se dejaría en total vulnerabilidad a los ciudadanos. La desconfianza hacia los cuerpos de seguridad públicas es altísimo, debido a la impunidad con la que han operado, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población y su colusión con el crimen organizado.

A pesar de que se ha criticado que la actual política de combate al crimen organizado poco discrepa de la implementada por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, sí hay rupturas y cambios con las que implementaron sus predecesores.

La voluntad del gobierno de la república y las acciones que ha llevado para terminar con la corrupción en todas las instituciones gubernamentales aumenta las posibilidades de éxito del gobierno en el combate al crimen organizado. El enemigo ya no está en casa.  Asimismo, la importancia que ha adquirido la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el lavado de dinero e incautar las cuentas de personas vinculadas al narcotráfico representa grandes pérdidas y daños significativos para las agrupaciones criminales.

La implementación de los programas ‘Sembrando Vida’ y ‘Jóvenes Construyendo Futuro’ dirige la atención a dos sectores profundamente afectados por el crimen organizado, los campesinos y los jóvenes. Ambas políticas representan alternativas para que las personas puedan escoger opciones de vida dignas y diferentes; que las actividades ilícitas no sean más la única manera de sobrevivir y poder tener movilidad social.

Los detractores del gobierno federal no dejan de mencionar que son pocos los incentivos que ambos programas ofrecen a la población – en comparación con lo redituable que es sembrar marihuana, amapola, ser sicario, halcón, entre otras- sin embargo se les olvida que aunque el narcotráfico es una industria multimillonaria, los que menos ganan son los que están en la base de la organización. Además de que las suntuosas vidas y grandes festines de los narcotraficantes, que se difunden a través de la ‘narcocultura’, lejos están de ser la cotidianidad de las personas involucradas en el crimen organizado.

La revalorización de la vida y su protección – en un país donde los asesinatos ya no sorprenden, la honestidad, el respeto irrestricto a los derechos y la justicia como ejes en la política de combate al crimen organizado representan una esperanza y posibilidad de cambio de rumbo, ante los horrores de una guerra sin sentido que las y los mexicanos hemos padecido por más de 12 años.

 

 

 

Carla Covarrubias Vallin / Twitter: @car_vallin

 

 

Este es un espacio de opinión y no representa la postura del medio, sino la del autor