20 octubre, 2021

#Opinion || Aborto legal, seguro y gratuito

Fotografías: Cristina Colmenares

Voto en Blanco (7 de octubre de 2021) || Carla Cobarrubias (Twitter @car_vallin) 

La lucha de las mujeres por la autonomía sobre sus cuerpos, derechos sexuales y reproductivos en México no empezó hace 14 años y no se puede reducir a la despenalización del aborto, sin embargo, hubo un antes y después tras la aprobación, en 2007, de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal de no criminalizar a las mujeres que deciden terminar con su embarazo durante el primer trimestre de la gestación. Esta decisión llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quién, en 2008, reconoció su constitucionalidad y dio así un paso fundamental en favor de la garantía de los derechos de las mujeres. 

A pesar de la progresividad de la resolución del máximo tribunal constitucional, tuvieron que pasar casi 14 años para que las mujeres en México tengamos reconocidos los mismos derechos y fue nuevamente la SCJN quién dio los primeros pasos.

Cuando se aprobó la despenalización del aborto en la Ciudad de México se llevaron a cabo una serie de contrarreformas en casi todas las entidades federativas – como declarar la protección de la vida desde la concepción y aumentar la severidad de las penas por interrumpir el embarazo- con las que se buscó anular los derechos humanos de las mujeres. 

Contrario a las predicciones de grupos conservadores y religiosos, la despenalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México logró bajar el aumento de la tasa de abortos inseguros que se practicaban en la capital y, asegurar los derechos de las mujeres más vulnerables y con menos recursos para decidir sobre su futuro en condiciones seguras. 

Hablar de aborto, por lo menos en México y la región latinoamericana, es hablar de desigualdad, ya que sólo las mujeres que cuentan con recursos económicos son las que pueden desplazarse a aquellos territorios donde no se criminaliza la terminación del embarazo o las que pueden comprar el silencio de los médicos para que éstos terminen con la gestación. 

Con la penalización del aborto, lo único que se logra es el aumento de la morbilidad y mortalidad materna, así como la proliferación de clínicas clandestinas inseguras e insalubres. Como señalaba la Ministra Rios Farjat, se calcula que en México se realizan hasta un millón de abortos y una tercera parte de estos se complican. 

El acceso a servicios de aborto seguro es, también, justicia social, ya que son las mujeres de escasos recursos las que tienen menor acceso a servicios de salud, educación sexual integral y a la justicia. 

Dentro de los muchos prejuicios que se suelen decir para prohibir la terminación del embarazo es que es una irresponsabilidad de las adolescentes o las mujeres quedar embarazadas cuando en los servicios de salud hay anticonceptivos disponibles y éstas cuentan con conocimientos en la materia, no obstante, el acceso a estos es muy bajo debido a la discriminación y estigma de las y los profesionales de la salud, en suma, a que la calidad de la educación sexual que se imparte es muy variable e irregular.  

Por otra parte, datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres revelan que hay 432 carpetas de investigación abiertas por delito de aborto en todo el país; las entidades que concentran más carpetas son el Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Tamaulipas y Querétaro. Sin embargo, la organización Las Libres señala que hay más de 200 mujeres detenidas por crímenes relacionados con el aborto como el homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados.

La decisión de la SCJN de declarar inconstitucional, por unanimidad, la criminalización del aborto acabó con la medida discriminatoria de que las mujeres no tengan autonomía sobre sus cuerpos y de procesar penalmente a las mujeres por autodeterminar su vida. Además, de que resarce los derechos de todas aquellas mujeres presas por ejercer sus derechos, o que fueron juzgadas injustamente en casos de abortos espontáneo. 

El máximo tribunal constitucional puso también fin al principio que, después de la despenalización de aborto en la Ciudad de México, orientó múltiples contrarreformas en los estados: la protección de la vida desde la concepción. 

Como señalaron las y los Ministros de la Corte, no hay consenso científico sobre cuándo inicia la vida humana y al vivir en un Estado laico no se pueden imponer las creencias de un grupo sobre la población. En suma, se termina con la ficción de que el producto de la concepción es algo aparte de la vida de la mujer. El producto es inviable sin la vida de la persona embarazada. 

Con los fallos de la SCJN inicia un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos para las mujeres. La Corte ha marcado la pauta mínima con la que deben cumplir las leyes y políticas públicas de todo el país para respetar y garantizar los derechos de las mujeres. Los pasos que dio la SCJN eran indispensables para terminar con la discriminación y desigualdad de género en materia de autonomía reproductiva, sin embargo, inicia la etapa más compleja que es la de asegurar a las niñas, adolescentes y mujeres que así lo decidan su derecho a servicios gratuitos de aborto seguro.

 

Más artículos en nuestra edición no. 42

Te puede interesar: Aprobó SCJN despenalización del aborto