19 enero, 2022

Los derehos laborales en el marco del decreto presidencial sobre la emergencia económica

Legalidad de la reducción de salarios

Por Carolina Vargas

  • La emergencia sanitaria y económica justifica la inobservancia de los derechos laborales.
  • La reducción de los salarios y la eliminación de prestaciones implica una “obligatoriedad” implícita para todos los burócratas y sin la reciprocidad de la transparencia en el uso de los recursos.

 

En el marco de la actual emergencia sanitaria internacional, el pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Mas allá de la obligatoria transparencia y justificación que deberá demostrarse a la ciudadanía en la reasignación del presupuesto, resulta pertinente un análisis desde el marco protector de los derechos laborales, pues el decreto contempla “de forma voluntaria”, una reducción al salario de altos funcionarios públicos y la pérdida de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año.

Los derechos humanos laborales son el conjunto de normas jurídicas que establecen la relación entre mujeres y hombres trabajadores y sus empleadores, garantizándoles la posibilidad de desarrollarlo en condiciones dignas, justas y equitativas.

A nivel internacional, las demandas obreras y las ideas socialistas del siglo XIX derivadas de la Revolución industrial motivaron el surgimiento de los derechos laborales, fomentados también por las luchas sociales de la primera mitad del siglo XX como la Revolución mexicana y la Revolución rusa. En México, el reconocimiento de estos derechos a nivel constitucional se remonta a 1917, e incluso, la conocida como Constitución de Querétaro fue durante un siglo, referencia mundial en materia de elevación de los derechos laborales al máximo nivel de los Estados.

Posteriormente, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 sentó las bases para un nuevo paradigma de interpretación y aplicación de las normas, y en noviembre de 2012, se aprobó en el país una reforma laboral que si bien controvertida, reconfiguraba el estatus individual y colectivo de las y los trabajadores al incorporar aspectos como el trabajo decente, la libertad sindical, la no discriminación y la igualdad sustantiva.

Como se puede observar, en México se ha evolucionado conforme al principio de progresividad del marco internacional de derechos humanos, que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

El razonamiento de quitarle el aguinaldo a las y los subdirectores, directores, subsecretarios, secretarios y presidente, no debe de realizarse desde una perspectiva de reasignación al gasto público al interior del ejecutivo, si no desde un análisis de la lucha histórica por los derechos laborales y a la luz de la progresividad de derechos.

Si bien se ha señalado que la medida será voluntaria y determinada por cada funcionaria o funcionario, habrá que preguntarse si en una relación de poder trabajadores – empleadores, hay voluntad para renunciar a un derecho. Querer establecer como voluntaria una decisión con altas cargas morales al personal público en el marco de un decreto presidencial, resulta igual de imperativo a que si fuera una decisión obligatoria, sólo para salvaguardar la legalidad de dicha medida.

Sin dudar que muchas de las y los trabajadores del Estado se sumarán voluntariamente para dar una imagen colaborativa y de proyecto de país, resulta grave pensar que más allá de esta medida mediática, no se presente un plan que demuestre cómo el uso específico de éstos recursos será dirigido para la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y por el contrario, se mantengan obras públicas innecesarias.