4 diciembre, 2021

Impunidad, ineficiencia y abandono

 

La violencia ha escalado en todo el país en los últimos meses, esto es un hecho innegable. Los datos oficiales del Observatorio Nacional Ciudadano indican que cada 4 horas hubo una víctima de secuestro, solamente en marzo de este año.

En la Ciudad de México la situación es similar, ya que en el primer cuatrimestre del año, se registraron 26 secuestros, una cifra alarmante si se contrasta con el mismo periodo de 2018, cuando se registraron solamente 7 casos.

Si esta tendencia se mantiene, los secuestros en la Ciudad de México serían 78 al cierre de 2019. No se había registrado un número tan alto desde los 84 secuestros que se registraron en 2009. Aunque aquí habría que hacer una exhaustiva distinción entre incidencia delictiva y número de denuncias registrados (que escribiré en los próximos días), sin embargo, la sensación de un incremento en la inseguridad ha imperado en la población de la Ciudad de México.

Esta situación se ha hecho notar por la atención mediática que el caso de Norberto Ronquillo ha atraído, por lo general, así pasa cuando alguna problemática alcanza esferas sociales que, aunque moleste a algunos, son privilegiadas.

Norberto Ronquillo era un joven que fue secuestrado el 4 de junio cuando salió de la escuela camino a casa en el sur de la Ciudad de México. Tras ser secuestrado, sus familiares pagaron el rescate que sus captores exigían, sin embargo, cinco días después, su cuerpo sin vida fue hallado en un lote baldío en Xochimilco.

Tras este lamentable hecho, medios amarillistas han aprovechado cuán ‘rentable’ el tema es y han publicado videos, fotos, textos, etc; sobre la familia de Norberto, lucrando deleznablemente con su dolor.

Miembros de la oposición han hecho lo propio, han pasado desde promover hashtags pidiendo la renuncia de Claudia Sheinbaum, hasta publicar videos del hermano de Norberto llorando por unos cuantos likes. Así de bajo han caído.

Por otro lado, la porra organizada por el presidente hacia la jefa de Gobierno en un evento en la alcaldía Gustavo A. Madero no envía para nada un buen mensaje. El evento, la atención y el momento, formaban el escenario perfecto para lamentar el hecho, señalar la problemática y ofrecer soluciones. Pero se pusieron a echar porras…

Ahora. La violencia en la Ciudad de México y en general en todo el país no puede entenderse sin la impunidad y esta no es culpa únicamente del gobierno en turno, sino de una crisis sistemática que lleva décadas agravándose.

Al respecto, Animal Político publicó un gran reportaje titulado “Matar en México” (https://bit.ly/2JVBwnk), pero en este espacio atenderemos 3 problemáticas que consideramos vitales para entender la magnitud de la crisis.

Para empezar, la carga de trabajo que recae sobre las fiscalías y sus elementos es de magnitudes titánicas, por lo que esclarecer un homicidio es una excepción y no la regla en México. En 27 estados de la república, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes.

Solamente en Nuevo León, si se dividen los 6 mil 237 homicidios ocurridos entre 2010 y 2016 y se divide el trabajo entre los 98 policías adscritos a homicidios, a cada uno de ellos le tocaría resolver 64 casos. Ello sin considerar que las cifras no se detienen y que, por el contrario, siguen aumentando.

En Guerrero, a cada policía de homicidios le toca investigar más de mil casos que siguen impunes. El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta por cada policía de investigación. Está difícil, ¿no?

Pasemos ahora a las herramientas, insumos y recursos para atender los homicidios.

De acuerdo con datos del INEGI, 20 estados no cuentan con un banco de información de residuos biológicos recuperados de escenas de crímenes, por lo que es imposible rastrear la presencia de víctimas y victimarios en hechos delictivos que se hayan cometido en lugares diferentes y en momentos distintos, o sea, seguir un rastro genético reincidente.

Hay incluso tres estados que no cuentan con una base de datos balísticos para analizar (y por ende rastrear) armas de fuego.

En el Estado de México, entidad con una tasa de 11 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2017, los elementos de la policía denuncian que de cada 10 homicidios, solo en 3 se logra crear una carpeta de investigación.

Sobre las carencias en los recursos, hay ocasiones en que los agentes no tienen siquiera guantes para manipular la evidencia. En otros casos no hay patrullas para ‘moverse’ hacia las escenas del crimen y, en muchos casos, cuando hay patrullas, no hay gasolina. Los datos señalan que en el Edomex, hay una patrulla por cada tres elementos.

En Guerrero, (sí, otra vez Guerrero) hay una patrulla por cada siete elementos.

La situación es la misma con los equipos de cómputo para registrar los crímenes. Ante esta falta de insumos, los agentes han encontrado formas de simular investigaciones. Los famosos ‘informes de escritorio’.

No es una sorpresa que en el Estado de México, el índice de impunidad en asesinatos sea del 97 por ciento.

Por otro lado, la concepción de la impartición de justicia en México es bastante pobre y equivocada. En nuestro país, detener a alguien, acusarlo y meterlo a la cárcel sin negar o comprobar exhaustivamente su posible culpabilidad, es entendido, en lo general, como ‘hacer justicia’. ¿Conocen a alguien al que le haya pasado? Seguramente sí.

Finalmente, para resolver un crimen de esta naturaleza, se estima que, en promedio, el Estado gasta 57 mil 70 pesos solo en servicios periciales.

Pese a ello, la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lleva desde noviembre sin titular y se le aplicó un recorte presupuestal del 24 por ciento para 2019. A la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de la República se le asignó 22 por ciento menos presupuesto que en 2018.

A Norberto lo mataron unos desgraciados que violaron los códigos que dentro de la misma ilegalidad (qué horror) se mantienen. Dejar la discusión y el análisis en la capa más superficial del hecho nos hace, de alguna forma, cómplices.

Si seguimos viendo la problemática en forma y no analizamos el fondo, seguiremos pidiendo que quienes están en el poder renuncien aunque esto no solucione nada. El fondo del hecho está en ver al aparato encargado de la impartición de justicia como un sistema, un sistema que lleva décadas haciéndose cada vez más obsoleto e ineficiente.

En lugar de pedir renuncias, exijamos a los gobernantes que los policías, peritos y fiscales estén mejor preparados, exijamos que las instancias encargadas de la justicia cuenten con los recursos necesarios, exijamos que las instituciones se vuelvan organismos en los que podamos confiar y por favor, no nos callemos más.

 

Braulio Luna / @brauliolxn

 

 

 

Esta es una columna de opinión y no representa la postura del medio, sino del autor