4 diciembre, 2021

Populismo penal

 

El vertiginoso incremento de la criminalidad, considerando que el trimestre de enero a marzo de 2019 ha sido el más violento registrado por la historia de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha tenido como consecuencia una serie de acciones legislativas de regresión punitiva, carentes de diagnósticos y datos puntuales sobre su efectividad. Esto evidencia que estas reformas más que parte de un plan organizado y estructurado sobre seguridad y justicia, más bien tienden a ser actos desesperados por volver a fórmulas que la historia y datos han probado que no funcionan.

Para ponernos en contexto, vale la pena recordar que el próximo 18 de junio están por cumplirse los primeros 11 años de la reforma constitucional más importante en la historia jurídica de nuestro país: la reforma al sistema de justicia penal. La reforma que entre otras cosas traslado un sistema de justicia penal opaco, de papel, donde se fabricaban culpables y se maltrataba a las víctimas, por uno mucho más respetuoso de los derechos humanos, transparente y eficiente. Sistema que, derivado de diversos cambios legislativos, finalmente quedó completamente instaurado en el país el 18 de junio de 2016, es decir hace no más de 3 años.

Como es posible advertir, pese a que la instauración de este sistema de justicia es evidentemente joven a nivel nacional, la desesperación ante la falta de resultados “mágicos” que resuelvan los graves problemas de impunidad y de inseguridad han generado que se tenga un culpable ante esas deficiencias: “el sistema de justicia penal acusatorio”. Resulta que por más extraño que parezca el chivo expiatorio de los problemas de inseguridad no han sido las terribles corruptelas en las que operan ministerios públicos y policías, ni las paupérrimas condiciones en las que laboran la mayoría de los defensores públicos, ni la falta de conocimientos de los jueces. Sino que, lo más sencillo ha sido culpar al propio sistema jurídico de todos arraigados vicios y deficiencias que no se han logrado corregir.

Lo más desafortunado del caso, es que las culpas, que además carecen de datos y de todo sustento técnico, empiezan ya a pasarle una cara factura al sistema de justicia. El primer y más grave revés vino con la publicación en el Diario Oficial del pasado 12 de abril de 2019, en la cual se amplió a nivel constitucional el catálogo de delitos por el que se deberá aplicar prisión preventiva oficiosa.

¿Por qué podemos considerar que esta reforma es un despropósito y la vez inútil? En principio todo pareciera indicar que todos estaríamos de acuerdo en que quienes cometen delitos de robo de hidrocarburos (huachicol), delitos de corrupción, o delitos electorales, entre otros deberían estar en la “cárcel” mientras se les juzga. Sin embargo, esa venta que parece tan sencilla en realidad resulta ser una premisa completamente falsa. Ello en razón de que el hecho de que estos delitos (hasta antes de la reforma) no tuvieran prisión preventiva OFICIOSA, no implicaba que no pudiera imponerse esta medida a petición del Ministerio Público. Dicho de otra forma, el hecho de que una persona fuera o no a prisión dependía de la argumentación y la evidencia que aportarán los Ministerios Públicos. Lo cual desafortunadamente con la reforma no ocurre y con ello solo se siguen incentivando los vicios de ineficacia de procuradurías y fiscalías.

El segundo revés vino el pasado 30 de abril en el que la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de limitar los casos en que las personas pueden acudir a la figura de “acuerdo reparatorio” cuando se trate de delitos patrimoniales cometidos en casa habitación o negocio, incluso cuando estos hayan sido cometidos sin violencia. Esta medida en lugar de fomentar mecanismos para despresurizar los delitos de menor gravedad y en los que de manera efectiva puede repararse el daño, nuevamente los lleva a soluciones absurdas y costosas. Es decir, que ahora por el robo de un “gansito” en el Oxxo la gente deberá ir a juicio o a un procedimiento abreviado que cuesta miles de pesos al erario público y el gansito solo entre 8 y 19 pesos.

En ese sentido pareciera ser que legislar es barato y vende bien. Sin embargo, son medidas completamente inútiles pues carecen de sustento. Peor aún, privilegian reformas que no hacen ni ton ni son, en lugar de entrarle al problema de fondo que es rediseñar las fiscalías del país, empezando por su vicios de corrupción, re-dignificar y eficientar policías, transformar la defensorías y asesorías jurídicas que nomás no acaban de servir y sobre todo, fortalecer o hacer funcionales las Unidades de Medidas Cautelares, que ahí es donde e en verdad está la puerta giratoria.

 

 

Estefania Medina y Adriana Greaves

Directoras de TOJIL

 

 

www.tojil.org

TOJIL: Asociación Civil dedicada al litigio penal estratégico para reducir la impunidad.

Redes Sociales

Facebook: Tojil

Twitter: @ TojilAJ

Instagram: tojil_ac

 

 

 

Esta es una columna de opinión y no representa la postura del medio, sino la del autor